El Estado crece. La cuenta la pagamos nosotros.

Alemania debería plantearse una pregunta sencilla: ¿cuánto Estado necesitamos y cuánto de él mejora realmente nuestra vida? Quien exige nuevos impuestos, puestos adicionales y más normas tiene que explicar qué beneficio medible obtienen a cambio los ciudadanos y las empresas. Un buen fin no es todavía la prueba de un buen instrumento.

Este debate se lleva con muchas cifras que no son correctas. Para este texto he recalculado cuatro indicadores en sus fuentes. Uno de ellos he tenido que corregirlo frente a mi propio borrador.

Por encima de la mitad: una cuota de gasto, no un balance de resultados

El gasto público se situó en 2025 en el 50,3 por ciento y subió así por primera vez desde los años de la pandemia, 2020 y 2021, de nuevo por encima del 50 por ciento.^[1] Se refiere a los gastos totales del Estado federal, los Länder, los municipios y la seguridad social en relación con el producto interior bruto^[3], no a la proporción de personas que trabajan para el Estado ni a la parte de la renta que el Estado quita a cada cual. En euros son 2.249 mil millones, un 5,1 por ciento más que el año anterior.^[2]

Aquí está el punto en el que he tenido que rectificar mi propio borrador. Se apoyaba en una serie de datos obtenida a través de un proveedor de datos financieros e indicaba un 50,5 por ciento para 2025, un 49,4 para 2024 y un 48,1 para 2023. El resultado oficial es 50,3, 49,5 y 48,4 por ciento. Las diferencias son pequeñas. Pero quien exige exactitud a la política tiene que exigírsela antes a sí mismo.

Una cuota así no es, por sí sola, prueba de que el dinero se gaste mal. Es un buen motivo para invertir la carga de la prueba. No solo los ciudadanos y las empresas tienen que explicar cómo van a financiar todavía más. El Estado tiene que explicar por qué no se las arregla mejor con lo que ya reclama.

Lo que la cuota no dice: no sube todos los años; después del valor alto de 2020 bajó durante tres años. No mide lo que el Estado produce por sí mismo. Y no se puede aumentar sumando números de personas: una cuota de gasto de más del 50 por ciento no se convierte en una cuota de más del 60 por ciento por sumar a los empleados del ferrocarril. Los empleados y los gastos miden cosas distintas. La partida individual mayor son, con alrededor del 52 por ciento del gasto público, las prestaciones sociales; su proporción apenas ha cambiado en diez años.^[2]

Más personal no es todavía un Estado mejor

A 30 de junio de 2025 había, según resultados oficiales provisionales, 5.475.100 personas empleadas en la función pública, unos 5,5 millones. Frente al año anterior se añadieron 95.100, un 1,8 por ciento más.^[4] Frente a 2015 son 829.600 más, un aumento del 17,9 por ciento.^[5] Es una evolución a lo largo de varios gobiernos, no una decisión del Gobierno federal actual.

Quien critica esa evolución debería saber a quién se refiere con ello. He recalculado adónde ha ido el aumento desde 2015, y la mitad corresponde a cuatro ámbitos de los que nadie habla en el debate burocrático:

Los cuatro ámbitos aportan 413.000 de los 829.600 empleados adicionales, es decir, el 49,8 por ciento. Son subconjuntos del total y no dan juntos la suma total. A tener en cuenta: el personal de la formación policial de Hesse se asigna a las universidades desde 2022; las dos series no son plenamente comparables por separado, pero su suma sí.^[5]

Los profesores, los policías y los educadores no son un mundo opuesto al de las personas que producen. Son la parte del Estado que la mayoría de los ciudadanos realmente quiere. Mi crítica se dirige contra un reflejo político: la ampliación de plantilla no puede ser la respuesta estándar a unos procesos mal organizados. Antes de crear nuevos puestos administrativos hay que someter a examen las tareas, las competencias y los procedimientos.

La carga no llega solo por la liquidación de impuestos

Quien habla de alivio y señala únicamente la tarifa del impuesto sobre la renta no describe toda la cuenta. El precio nacional del CO₂ sobre los combustibles es el ejemplo más claro: no figura en ninguna liquidación de impuestos y, pese a ello, está en cada factura de combustible y en cada liquidación de calefacción.

El 12 de agosto de 2026 el Consejo de Ministros aprobó una reforma que debe mantener la horquilla de 55 a 65 euros también en 2027. Todavía no es una ley.^[7] Qué significa el precio del CO₂ en concreto para un camión cargado figura en el comentario CO₂-Abgaben: Preistreiber mit Ansage. Sobre el previsto impuesto de las bebidas azucaradas y el previsto impuesto de los envases de plástico hay artículos propios; ambos son proyectos y no impuestos ya recaudados en 2026.

Los objetivos sanitarios, climáticos y ambientales merecen un debate serio. Pero tampoco un objetivo legítimo exime a la política de hacer públicos el efecto, el reparto y los costes de ejecución. Una nueva carga no se convierte en alivio por llevar un nombre que suena bien.

Reducción de burocracia: 45 millones para el sector privado

El Nationaler Normenkontrollrat presentó su informe anual el 8 de octubre de 2026. El titular que salió de él fue: la carga anual de cumplimiento ha bajado en el periodo de referencia de julio de 2025 a junio de 2026 en unos 6,8 mil millones de euros, hasta el nivel más bajo desde 2020.^[8] Suena a un giro. Dos frases más allá se dice cómo se reparte ese alivio.

De los 6,8 mil millones de euros corresponden unos 6,4 mil millones a los ciudadanos, unos 370 millones a la administración y unos 45 millones al sector privado. En el mismo periodo, los costes burocráticos del sector privado han subido en 1,3 mil millones de euros, sobre todo por la transposición de las obligaciones europeas de información sobre sostenibilidad.^[8] Una empresa que en 2026 esperaba un alivio recibió 45 millones de euros repartidos entre todas las empresas del país, y casi treinta veces esa cifra en nuevas obligaciones encima.

El mayor alivio del año consiste en que se ha suprimido una obligación que todavía no tenía que cumplir nadie.

Y tampoco los 6,4 mil millones para los ciudadanos son lo que parecen. Casi todo el alivio —7,7 mil millones de euros— procede de una sola ley, la Gebäudemodernisierungsgesetz, sobre todo de la supresión de la obligación de que las calefacciones nuevas funcionen en un 65 por ciento con energías renovables. El propio Normenkontrollrat escribe al respecto: con ello dejan de producirse costes futuros considerables, «pero tampoco surge un alivio directamente perceptible para los destinatarios de la norma, ya que esos costes todavía no se habían producido».^[8]

Una carga futura evitada sobre el papel no es lo mismo que un formulario desaparecido hoy. Para una empresa no cuenta cuántos miles de millones se ahorran en una presentación. Cuenta si se dedica menos tiempo de trabajo a justificantes, si los permisos llegan más rápido y si la próxima inversión resulta más fácil en vez de más complicada.

Para situarlo en ambas direcciones: el Normenkontrollrat ve pese a todo una tendencia positiva. La carga anual de cumplimiento se ha reducido a la mitad en el periodo de referencia para el conjunto de los afectados y sigue 6,4 mil millones de euros por encima del nivel de 2011; al final del periodo de referencia anterior eran 13,2 mil millones. En el mismo periodo surgió, eso sí, una carga de cumplimiento de una sola vez de 8,9 mil millones de euros, de ellos 6,8 mil millones por las exigencias de renovación de esa misma Gebäudemodernisierungsgesetz.^[8] Esos 6,8 mil millones no son los 6,8 mil millones del titular.

Proteger el rendimiento en vez de inventar nuevas cargas

No quiero un Estado débil. Quiero un Estado que domine sus tareas esenciales y respete a las personas que lo financian y que trabajan para él. La protección social y la capacidad económica no pueden enfrentarse entre sí.

Para eso hacen falta cuatro varas de medir. Primera: examen de las tareas antes de ampliar la plantilla. Nuevos puestos administrativos solo con una necesidad comprensible, procedimientos revisados y objetivos medibles. Segunda: cuenta completa en vez de etiqueta. Cada nuevo tributo, con una exposición transparente de la carga fiscal, de la ejecución, de la adaptación del tratamiento de datos y del esfuerzo corriente. Tercera: alivio con prueba. Medir la reducción de burocracia por las obligaciones que realmente desaparecen y por el tiempo que se recupera en el día a día, no por los costes futuros evitados sobre el papel. Cuarta: las tareas esenciales primero. Educación, seguridad, infraestructuras que funcionen y una administración fiable, antes que todo lo demás.

Alemania no necesita una descalificación general de sus empleados públicos ni cifras inventadas. Necesita una dirección política que se deje medir por una regla sencilla: antes de que el Estado exija más, tiene que demostrar que administra mejor lo que ya tiene. Un Estado capaz se gana la confianza con resultados, no con el tamaño de su presupuesto.

Andreas W. HerbFundador y CEO MBG Group, Paderborn

Lo que expresamente no afirmo

No afirmo que cada euro público esté mal gastado, que el gasto público haya subido todos los años o que los empleados de la función pública rindan demasiado o demasiado poco. Las cifras de empleados por sí solas no demuestran ni lo uno ni lo otro. Hay tres afirmaciones que circulan en este debate y que los datos comprobados expresamente no sostienen: un gasto público de más del 60 por ciento incluyendo a los empleados del ferrocarril, más de 5,6 millones de empleados en la función pública y un gasto público que sube sin interrupción. Las exigencias políticas de este texto son mi posición, no lo que dice la estadística.